El exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y otros empresarios en Honduras han manifestado su preocupación con respecto a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria propuesta por el Ejecutivo, argumentando que la iniciativa presenta desafíos significativos para la empresa privada y la generación de empleo en el país.
Según Barquero, la “eliminación de todos los regímenes especiales” es el principal problema de la iniciativa, y sostiene que estos esquemas de incentivos fiscales han sido fundamentales para la creación de empleo en Honduras. A pesar de los argumentos del gobierno de que la ley busca lograr una distribución más justa de los impuestos entre los sectores ricos y pobres, el sector privado se opone rotundamente, afirmando que no traerá beneficios positivos a la economía nacional.
El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, advirtió que Honduras podría convertirse en una “guarida fiscal” si la nueva ley de tributos no se aprueba. Sin embargo, Barquero desestimó esta afirmación, señalando que la aprobación de la ley no es “indispensable” y abogó por implementar medidas de políticas públicas que aseguren el tributo correspondiente sin afectar negativamente a la empresa privada.
El empresario sugiere un enfoque más cauteloso, proponiendo un control más estricto en los regímenes fiscales y la identificación de posibles abusos, así como la creación de un decreto en lugar de la aprobación directa de la Ley de Justicia Tributaria. El tema ha vuelto a ser objeto de debate en los últimos días, resaltando las tensiones entre el gobierno y el sector privado en torno a esta propuesta legislativa.
