Viernes 27 de diciembre de 2024
Expertos en economía advierten sobre las dificultades que enfrenta Venezuela para aumentar su salario mínimo, actualmente fijado en 130 bolívares mensuales, equivalente a 3,5 dólares a la tasa oficial actual. Según señalan, el país se encuentra limitado por su situación económica, las restricciones de la ley laboral y el impacto financiero que representaría para el Estado.
Tanto el Gobierno como el sector privado han optado por otorgar bonos a los empleados en lugar de aumentar el salario mínimo, lo que les permite eludir obligaciones laborales como vacaciones, liquidación y utilidades. Esta situación se ha mantenido desde 2022, sin ajustes significativos.
El presidente Nicolás Maduro ha argumentado que estos bonos forman parte de una estrategia de resistencia ante las sanciones internacionales, pero expertos como Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, destacan que la legislación laboral venezolana impone rigideces que dificultan el incremento salarial.
Oliveros enfatiza que aumentar el salario mínimo acarrearía costos significativos, especialmente para un Estado que es el principal empleador del país, con una nómina que supera los 2,5 millones de trabajadores activos, sin contar jubilados y pensionados.
Leonardo Vera, economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, coincide en que subir el salario mínimo requeriría ajustar toda la escala salarial de empleados públicos, una carga financiera que el Gobierno venezolano afirma no poder asumir.
La política de mantener congelado el salario mínimo, según Vera, ayuda a controlar el gasto fiscal, evitando la impresión excesiva de dinero para cumplir con obligaciones salariales. No obstante, esta estrategia ha llevado a la depreciación del salario mínimo en Venezuela, que contrasta con su valor como conquista laboral en otros países.
En resumen, la imposibilidad de aumentar el salario mínimo en Venezuela se atribuye a limitaciones económicas, rigideces legales y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal del Estado en medio de una crisis económica prolongada.
