El Gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, comenzará la reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo a partir del próximo viernes, 28 de junio, según lo establecido en un decreto emitido recientemente.
Esta medida afecta principalmente a las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, que hasta ahora tenían un precio congelado de 2,46 dólares por galón (3,78 litros). Con el ajuste, el precio de estas gasolinas aumentará a 2,72 dólares por galón. Aunque no se liberalizarán completamente los precios, se aplicará un mecanismo de estabilización mensual que permitirá aumentos de hasta un 5 % y reducciones de hasta un 10 %.
El objetivo de esta medida es reducir el gasto en subsidios, que en 2023 alcanzó los 644 millones de dólares para las mencionadas gasolinas. Esto equivale al gasto estatal en el bono de desarrollo y es el doble del presupuesto destinado a programas contra la desnutrición crónica infantil, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.
Anteriormente, tanto los expresidentes Lenín Moreno como Guillermo Lasso intentaron implementar medidas similares bajo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se enfrentaron a fuertes protestas, especialmente lideradas por el movimiento indígena, lo que los obligó a dar marcha atrás.
En respuesta a posibles repercusiones sociales, el Gobierno ha establecido un mecanismo de compensación para el sector del transporte, que recibirá una transferencia económica para mitigar el impacto de la subida de precios en los usuarios de transporte público y privado.
Por el momento, el esquema de subsidios para el diésel no ha sufrido cambios y su precio seguirá congelado en 1,79 dólares por galón, representando una parte significativa del gasto anual del Estado en combustibles fósiles.
El Gobierno argumenta que los subsidios a las gasolinas son inequitativos, ya que benefician principalmente a la población de mayores ingresos y fomentan el contrabando hacia países vecinos como Colombia y Perú. Esta medida ha generado críticas por parte del movimiento indígena y otras organizaciones sociales, así como de colectivos ecologistas preocupados por el impacto ambiental y social de la política energética del país.
