El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió el viernes que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional debido a la recopilación de datos de sus usuarios. Esto se produjo en respuesta a una demanda civil presentada por la empresa de origen chino, que busca evitar la venta forzada de la aplicación.
TikTok ha llevado su caso a un tribunal federal en Washington, argumentando que la ley que exige la venta de la plataforma para 2025 o su prohibición en EE.UU. viola la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, el Departamento de Justicia contraatacó afirmando que la ley aborda cuestiones de seguridad nacional en lugar de libertades individuales, y que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, no tiene derecho a invocar la Primera Enmienda en EE.UU.
En su presentación ante el tribunal, el Departamento de Justicia destacó que la extensa penetración de TikTok en Estados Unidos y la posibilidad de que el gobierno chino use la plataforma para subvertir los intereses estadounidenses representan una grave amenaza para la seguridad nacional. Aseguraron que ByteDance podría cumplir con las solicitudes del gobierno chino de datos sobre usuarios estadounidenses o ceder a la presión para censurar o promover contenido específico.
El Departamento de Justicia argumentó que TikTok permite a Pekín el «control encubierto» sobre el contenido que ven los usuarios estadounidenses a través de un algoritmo que puede ser manipulado. Este control encubierto, según el departamento, permitiría al gobierno chino influir secretamente en el contenido de la plataforma.
TikTok respondió a estas acusaciones el sábado, defendiendo su posición con el argumento de que la Constitución de EE.UU. protege su derecho a operar. La empresa expresó que una posible prohibición de TikTok silenciaría las voces de 170 millones de estadounidenses y violaría la Primera Enmienda. Además, criticaron al gobierno por no presentar pruebas concretas que respalden sus afirmaciones, a pesar de que el Congreso aprobó la ley que la compañía considera inconstitucional.
