Lunes 13 de enero de 2025
El Salvador continúa mostrando un crecimiento robusto en la recaudación de impuestos. Según datos del Ministerio de Hacienda (MH), las arcas del Estado recibieron $4,747 millones en ingresos corrientes y contribuciones durante los primeros siete meses de 2024, lo que representa un incremento del 8.5 %, equivalente a $370 millones adicionales en comparación con el mismo período del año anterior.
Este crecimiento ha permitido superar en un 2 % la meta de recaudación definida en el presupuesto anual, con $94.1 millones más de lo proyectado. Esto subraya el dinamismo en el pago de tributos en el país.
El impuesto sobre la renta (ISR) ha sido la principal fuente de ingresos en lo que va del año. Hasta julio, el Gobierno había recaudado $2,109.7 millones a través del ISR, lo que representa un aumento interanual del 8.5 % o $166 millones más. De esta cifra, $704.7 millones provinieron de declaraciones de renta, mientras que las retenciones sumaron $903 millones. Por su parte, el impuesto sobre el valor agregado (IVA) también mostró un crecimiento significativo, alcanzando un total acumulado de $2,030.8 millones, lo que representa un incremento del 12 % en comparación con el mismo período de 2023.
Dentro del IVA, $941.6 millones provinieron de declaraciones, mientras que $1,089.2 millones se recaudaron de las importaciones.
Ante este continuo crecimiento en la recaudación, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, señaló que se espera cerrar el año con un aumento de aproximadamente $350 millones en comparación con 2023. “Al final del año esperamos resultados muy positivos, estimamos un crecimiento aproximado de $350 millones en relación con la recaudación del 2023. Esto tiene que ver con el dinamismo económico y las inversiones que están llegando”, apuntó Posada.
Además, las autoridades del MH destacaron que, bajo la actual administración, se ha logrado reducir la brecha de evasión de impuestos en más de $1,600 millones gracias a la implementación del Plan Antievasión, que incluye la presentación de avisos sobre evasores a la Fiscalía General de la República (FGR) y la adopción de medidas para facilitar el pago a través de la Dirección General de Impuestos Internos.