Este martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La enmienda, propuesta por el presidente Daniel Ortega y aprobada por unanimidad por los 91 diputados del Congreso, exige a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) obtener información detallada sobre los remitentes y beneficiarios de remesas.
Además, la reforma establece que la Policía Nacional será la encargada de regular la venta de vehículos nuevos y usados a partir de ahora.
La modificación también redistribuye la supervisión de los sujetos obligados y asigna reguladores prudenciales a sectores que carecen de ellos. Refuerza la transparencia en la gestión de personas jurídicas y mejora las medidas para la identificación y verificación del cliente y su beneficiario final, según explicó María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Asimismo, se requiere que los supervisores implementen normas para la obtención de información sobre los originadores y beneficiarios finales de transferencias electrónicas, remesas y servicios de activos virtuales. La reforma también establece que los grupos financieros deben aplicar programas de prevención de riesgos que incluyan sus sucursales, subsidiarias, filiales y representaciones en el extranjero.
