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Elon Musk bajo fuego en Brasil: Supremo transfiere millones por sanciones a X y Starlink

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este viernes la transferencia de 18,3 millones de reales (equivalentes a 3,3 millones de dólares o 3 millones de euros) desde cuentas bloqueadas de las empresas X y Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, a las arcas del Estado brasileño. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera un extenso proceso penal contra la propagación de noticias falsas en redes sociales, en el que Musk figura como investigado.

De Moraes estableció que esta transferencia corresponde al pago de multas impuestas a X (anteriormente conocida como Twitter), que fue suspendida en Brasil desde el 31 de agosto por no eliminar perfiles acusados de desacreditar las instituciones democráticas del país mediante la difusión de información falsa.

La decisión del miércoles fue revelada este viernes por el Supremo Tribunal, justo después de que los bancos Itaú y Citibank, donde se encontraban los fondos de X y Starlink, confirmaran que habían ejecutado la transferencia. Tras esta acción, el juez levantó el embargo que pesaba sobre las cuentas y activos de ambas compañías.

El enfrentamiento entre Elon Musk y Alexandre de Moraes ha sido de gran relevancia desde hace meses, generando movilización entre los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quien junto a Musk ha calificado a De Moraes como un “dictador”. Este último se ha convertido en una figura antagónica para la derecha radical en Brasil.

El sábado pasado, miles de brasileños se manifestaron en la Avenida Paulista de São Paulo durante el Día de la Independencia, exigiendo la destitución de De Moraes, con el propio Bolsonaro liderando la protesta.

Algunos de los perfiles que X se negó a eliminar están vinculados a blogueros y defensores de Bolsonaro, investigados por desinformación y ataques a las instituciones democráticas. De Moraes justificó el embargo a Starlink al argumentar que, debido a su relación con X, forman parte de un “grupo económico de facto”, una decisión que ha generado debate en ciertos círculos legales.