Martes 5 de noviembre de 2024
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó este lunes, con el apoyo de todos los partidos excepto PP y Vox, una enmienda para eliminar las “golden visa” en el marco del proyecto de ley de eficiencia del servicio público de justicia. Las “golden visa” conceden permisos de residencia a extranjeros que realicen inversiones significativas en España, como en viviendas o deuda pública. El proyecto de ley obtuvo 20 votos a favor y 17 en contra en la comisión.
El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, calificó la ley como “valiente” y resaltó el consenso alcanzado con distintos grupos, quienes ven en esta normativa una respuesta necesaria a las demandas del sector judicial. Además de la eliminación de los visados de oro, el proyecto incluye la creación de Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia municipales, así como la especialización de los juzgados de infancia y familia, entre otros.
Enrique Santiago, de Sumar, destacó la importancia de suprimir las “golden visa” y criticó que se hayan excluido temas de protección de consumidores en las acciones colectivas. Por otro lado, los diputados de JxCat y ERC celebraron la decisión de preservar los juzgados de paz, una de sus condiciones en la negociación. Esta figura judicial era considerada una competencia propia de la Generalitat de Cataluña y de gran valor histórico, motivo por el cual rechazaron su eliminación.
Sin embargo, el proyecto de ley también generó controversia. Fernando de Rosa, del PP, cuestionó al Gobierno por avanzar en la tramitación de esta ley mientras el país enfrenta la crisis provocada por la dana en Valencia, y criticó la inclusión de enmiendas que, en su opinión, están desconectadas de la mejora de la Justicia, como una modificación de la ley sobre reconocimiento de resoluciones penales en la UE. Por su parte, Juan José Aizcorbe, de Vox, condenó la tramitación “precipitada” de esta normativa en un momento que, según él, exige una revisión profunda del sistema de autonomías.
La regulación de “golden visa”, aprobada en 2013, permite a extranjeros obtener residencia en España al invertir 500,000 euros en vivienda, un millón en empresas o dos millones en deuda pública. Con esta nueva enmienda, el Congreso sigue adelante en la eliminación de esta figura, que ahora será debatida en el pleno antes de pasar al Senado.
