Sábado 21 de diciembre de 2024
Este jueves, el Congreso de Estados Unidos comenzará de nuevo las negociaciones para evitar la parálisis del Estado antes de la medianoche del viernes, después de que el presidente electo Donald Trump y su asesor Elon Musk rechazaran el acuerdo bipartidista para el presupuesto.
Elon Musk publicó el miércoles en su red social X: “Maten el proyecto de ley”, refiriéndose al acuerdo presupuestario negociado entre legisladores republicanos y demócratas, que hubiera permitido financiar el gobierno federal hasta mediados de marzo, evitando así un “shutdown”. La postura del multimillonario fue respaldada por Trump, quien lo eligió para reducir el gasto público durante su mandato, que inicia el 20 de enero. Trump calificó el proyecto de ley como “ridículo y extraordinariamente oneroso”, y predijo que “moriría rápidamente”.
El martes, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó el acuerdo presupuestario de 1,500 páginas, negociado con los demócratas, que incluye más de $100,000 millones en ayudas por catástrofes naturales solicitadas por el presidente Joe Biden, $10,000 millones para los agricultores estadounidenses y un aumento de salarios para los legisladores.
El Congreso debe aprobar un nuevo acuerdo antes del viernes para evitar una parálisis de los servicios públicos federales, lo que podría llevar al despido de cientos de miles de funcionarios, la congelación de prestaciones sociales y el cierre de algunas guarderías. Esta situación sería muy impopular, especialmente a pocos días de la Navidad.
La Casa Blanca advirtió sobre el riesgo de “inestabilidad” y “perjuicio para los estadounidenses que trabajan duro”.
Algunos congresistas criticaron la influencia de Musk, como la demócrata Nydia Velazquez, quien dijo que “Donald Trump y los legisladores republicanos han cedido ante el verdadero presidente electo, Elon Musk”.
Para varios partidarios de Trump, un nuevo proyecto de ley con menos gastos debería ser presentado lo antes posible en el Congreso. Se estima que una nueva propuesta podría recortar los $100 millones en ayudas a las regiones afectadas por catástrofes naturales e incluso los $10,000 millones para los agricultores.
