El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a ciertas empresas francesas con contratos gubernamentales en EE.UU. que cumplan con su decreto que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Esta medida refleja el alcance extraterritorial de las políticas estadounidenses y su posible impacto en las prácticas corporativas europeas.

Las empresas afectadas han recibido un cuestionario titulado “Certificación sobre el cumplimiento de la ley federal antidiscriminación aplicable”, en el que deben confirmar su adhesión a la normativa. Reuters tuvo acceso a una copia del documento.

La orden llega en un contexto de tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y Europa tras la elección de Trump y su política de “Estados Unidos primero”. También genera incertidumbre sobre los ajustes que las empresas francesas deberán realizar, considerando las diferencias en la regulación de DEI entre ambos países.

Mientras que en EE.UU. las empresas han implementado políticas de diversidad con seguimiento de datos raciales y étnicos, en Francia las leyes restringen este tipo de prácticas, enfocándose más en la equidad de género y el origen socioeconómico.

El cuestionario también genera preocupación entre las compañías europeas sobre la posibilidad de que la administración Trump amplíe su lucha contra la DEI más allá de sus fronteras, en un momento en que las políticas comerciales y de seguridad de Washington ya han afectado las relaciones transatlánticas.