El estado de California presentó este miércoles una demanda para bloquear los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a diversos socios comerciales extranjeros, alegando un uso indebido del poder presidencial y un impacto financiero negativo tanto para el estado como para el país.

La administración Trump impuso un arancel general del 10% a las importaciones procedentes de todos los países, y tarifas más elevadas para aquellos con supuestas barreras comerciales hacia productos estadounidenses. Aunque varios de estos aranceles fueron pausados por 90 días, el Gobierno también aplicó un arancel del 145% a China, con algunas excepciones para productos electrónicos. En respuesta, China impuso un arancel del 125% a Estados Unidos, mientras que la Unión Europea también aprobó medidas retaliatorias, actualmente suspendidas.

El presidente Trump justificó las medidas invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una norma que le otorga autoridad especial para hacer frente a amenazas extraordinarias. Según el mandatario, el déficit comercial estadounidense constituye una emergencia nacional que compromete la capacidad de fabricación del país y lo hace dependiente de naciones adversarias.

Sin embargo, la demanda presentada en un tribunal federal de San Francisco por el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta —ambos demócratas— argumenta que dicha ley no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles generalizados sin la aprobación del Congreso. La querella señala que la declaración de emergencia por parte de Trump es injustificada.

California, considerada la quinta economía del mundo si fuera una nación independiente, mantiene estrechos lazos comerciales con China, México y Canadá. Según los demandantes, los aranceles ya han afectado a sectores clave del estado y podrían causar daños aún mayores si continúan en vigor.

La demanda solicita que el tribunal prohíba al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras aplicar las tarifas impuestas por el presidente.