Martes 24 de diciembre de 2024
En la sesión “Enfrentando la Desigualdad en América Latina y el Caribe” de la 64ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Punta Cana (República Dominicana), se destacó la persistente desigualdad en la región, la más pronunciada a nivel mundial. Expertos reunidos lamentaron la falta de avances significativos para revertir esta situación.
Según los datos presentados, el 10 % más rico de la población ostenta ingresos hasta 12 veces mayores que el 10 % más pobre. Además, uno de cada cinco habitantes de la región se clasifica como pobre.
Stanley Bailey, investigador de la Universidad de California en Irvine (Estados Unidos), subrayó la importancia de distinguir entre pobreza, riqueza y desigualdad, destacando que esta última no solo se trata de recursos disponibles, sino también de voluntad política. Bailey citó el ejemplo de Brasil, donde programas destinados a mejorar la educación terciaria han contribuido significativamente a reducir la desigualdad por género y raza, una medida que, según él, falta en países como Estados Unidos, a pesar de su gran riqueza.
Eduardo Levy-Yeyati, de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, respaldó estos puntos, señalando que las escuelas en áreas más pobres reciben menos inversión, lo que limita las oportunidades para los jóvenes de estas zonas.
Aunque se lograron algunos avances entre 1990 y 2014, los esfuerzos por reducir la desigualdad se han estancado, según Francisco Ferreira de la London School of Economics en el Reino Unido. Ferreira abogó por invertir más en la educación de los niños y niñas de comunidades menos privilegiadas.
El análisis del BID, en colaboración con varias instituciones académicas, también reveló que las desigualdades están profundamente arraigadas y pueden “heredarse”. Factores como el lugar de nacimiento, la pertenencia a minorías étnicas y la educación y ocupación de los padres contribuyen significativamente a la perpetuación de la desigualdad.
Los expertos instaron a los gobiernos a abandonar suposiciones obsoletas y adoptar un enfoque más centrado en la educación y en políticas económicas diferenciadas para los trabajadores informales, con el objetivo de promover un crecimiento económico más equitativo y productivo.
