Jueves 14 de noviembre de 2024
El gobierno chino ha anunciado un ambicioso plan para canjear la llamada “deuda oculta” de gobiernos locales, destinado a sanear sus balances financieros. La medida, anunciada en una rueda de prensa tras una cumbre del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP), implicará un desembolso de 6 billones de yuanes (aproximadamente 780.000 millones de euros) para elevar el límite de endeudamiento de las administraciones locales y permitirles reemplazar sus pasivos hasta 2026. El plan se ejecutará en tres fases durante los próximos tres años.
El ministro de Finanzas, Lan Fo’an, indicó que esta es la primera vez desde 2015 que el gobierno aumenta el límite de deuda a mitad del año. Este esfuerzo busca reducir la deuda oculta de los gobiernos locales, la cual ascendía a unos 14,3 billones de yuanes (1,85 billones de euros) a finales de 2023 y se espera reducir hasta 2,3 billones de yuanes (297.926 millones de euros) en 2028.
Además, se implementará un programa de emisión de bonos especiales por un valor de 4 billones de yuanes (518.353 millones de euros) en los próximos cinco años para ayudar a la reestructuración de estos pasivos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda oculta acumulada a través de mecanismos informales, conocidos como vehículos financieros de gobiernos locales (LGFV), asciende a 66 billones de yuanes (8,5 billones de euros), una cifra que ha generado preocupación en Pekín por sus posibles efectos negativos en la economía nacional. Los LGFV surgieron después de la crisis de 2008 para esquivar límites al endeudamiento, pero desde 2018 el gobierno chino ha exigido a las administraciones locales que frenen el uso de estos mecanismos.
Según Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis, esta reestructuración no reducirá la deuda total, pero ayudará a reducir los pagos de intereses, aliviando así las cargas fiscales de los gobiernos locales. El ahorro estimado es de 600.000 millones de yuanes (77.733 millones de euros) en cinco años.
Gary Ng, analista de Natixis, comentó que esta iniciativa no es un estímulo fiscal directo, sino una estrategia para aliviar la presión sobre las finanzas locales afectadas por la caída de las ventas de terrenos, una fuente de ingresos clave en el pasado.
