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El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una enmienda constitucional que habilita al próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a mantener y ampliar ayudas sociales, aunque los recursos quedaron limitados al primer año de gestión.
El texto fue aprobado por la noche en el Senado, con 66 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa todavía deberá ser aprobada por artículo antes de ser promulgada.
La Cámara Alta había dado el visto bueno a la enmienda hace dos semanas, pero debió analizar el proyecto nuevamente luego de cambios en la Cámara de Diputados.
Los diputados validaron la propuesta por la tarde, con 331 votos a favor y 163 en contra.
La iniciativa permite al futuro gobierno del líder izquierdista usar 145.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares) fuera del techo de gastos establecido por ley, para financiar programas sociales en 2023.
Los recursos permitirán a la nueva administración mantener una asistencia de 600 reales (unos 115 dólares) a familias vulnerables, una suma entregada desde agosto por el gobierno del mandatario saliente Jair Bolsonaro, pero prevista hasta finales de este año.
Los beneficiarios con hijos menores de seis años recibirán además 150 reales (alrededor de USD 29), según la promesa electoral de Lula, quien devolverá al programa el nombre “Bolsa Familia”, como era originalmente durante su gobierno y el de Dilma Rousseff, antes de que Bolsonaro lo rebautizara como “Auxilio Brasil”.
El futuro ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, aseguró en conferencia de prensa este miércoles que la enmienda garantiza “neutralidad fiscal”.
Según dijo, el próximo gobierno, que inicia el 1 de enero, “comenzará a elaborar una propuesta de nuevo marco fiscal” para enviar al Congreso en el primer semestre de 2023.
Opositores aseguran que el aumento de gasto público generará una “cuenta” que pagarán los brasileños pobres con inflación.
La enmienda también daría espacio al gobierno de Lula para financiar programas como Farmacia Popular y un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, de acuerdo con sus promesas de campaña.
Con estas medidas, buscará paliar el hambre, que afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan).
El presidente electo impulsó la aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso, aunque igualmente habría podido financiar las ayudas -en caso de rechazo de los legisladores-, gracias a que la corte suprema dispuso que los programas sociales podían ser financiados con “créditos extraordinarios”.
El proyecto final es una victoria limitada para Lula: el gobierno de transición inicialmente pedía hasta 198.000 millones de reales anuales fuera del techo de gasto, durante los cuatro años de gestión.
Pero, además del monto, el Senado confirmó la reducción del plazo a un año dispuesta por los diputados.
