Jorge, un cubano de 35 años, se prepara para entregar un pedido de comida utilizando su bicicleta y su celular, formando parte de la creciente fuerza laboral de cuentapropistas en la isla. Este sector ha experimentado un auge desde que se autorizó esta modalidad hace casi tres lustros, especialmente con la llegada del internet móvil en 2018 y la legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas en 2021.
Sin embargo, estos cambios están sacando a la luz las deficiencias del sistema. A pesar de que en teoría Jorge es un autónomo con la libertad de administrar su tiempo y emplearse en múltiples tareas, en la práctica se asemeja más a un trabajador asalariado, aunque sin los beneficios asociados a estar en la nómina de una empresa.
Jorge trabaja para la aplicación móvil de entrega de comida Mandao, una de las más populares entre las 11.000 pymes privadas autorizadas en Cuba. Sin embargo, este modelo de negocio ha traído consigo problemas similares a los encontrados en naciones capitalistas, como la problemática de los falsos autónomos.
De acuerdo con expertos consultados por EFE, los contratos de Mandao con sus repartidores muestran claros indicios de falsos autónomos, donde estos trabajadores actúan como asalariados pero sin los beneficios laborales correspondientes. La empresa retiene un porcentaje de cada entrega, obliga al repartidor a adelantar el pago al establecimiento y le cobra una tarifa semanal por el uso de la mochila, entre otras prácticas cuestionables.
Según las expertas consultadas, estas prácticas violan el Código del Trabajo en Cuba, pero la falta de claridad en la legislación laboral deja lagunas que las empresas aprovechan. Además, se observa un analfabetismo jurídico generalizado en el país, lo que dificulta que los trabajadores busquen asesoramiento legal.
La situación también afecta al sector estatal, como evidencia un contrato de un portero de un edificio de la inmobiliaria estatal Caribe, que muestra prácticas similares a las de Mandao.
Ante esta problemática, el Ministerio del Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba aseguraron no haber detectado estas prácticas en una magnitud estadística preocupante, aunque reconocieron la necesidad de actualizar la legislación que regula a las pymes cubanas.
