El Gobierno de Cuba ha impuesto multas por un total de 30 millones de pesos (equivalente a 1,25 millones de dólares al tipo de cambio oficial para personas jurídicas) en los últimos cinco días contra un número indeterminado de empresas privadas por no cumplir con el tope de precios establecido para seis productos básicos, según informaron medios oficiales el sábado.
La cifra fue revelada por el primer ministro, Manuel Marrero, citado por el portal oficialista Cubadebate. Según Marrero, las multas se aplicaron tras realizar 19,300 inspecciones, en las cuales se descubrió que el 60 % de las empresas inspeccionadas no respetaron los límites de precios.
El pasado 8 de julio entró en vigor el tope de precios para seis productos básicos: pollo, aceite, salchichas, leche en polvo, pasta alimenticia y detergente. Estos productos ahora tienen precios máximos establecidos en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para controlar la inflación y proteger a los consumidores.
Los precios máximos establecidos son los siguientes:
En comparación, el salario estatal medio en Cuba se sitúa en los 4,300 pesos (35,8 dólares), mientras que las pensiones alcanzan los 1,500 pesos (12,5 dólares).
En semanas recientes, se han difundido audios en la prensa independiente de reuniones entre empresarios y representantes del Gobierno, donde los primeros expresaron su descontento con la medida. Los dueños de mipymes argumentaron que sus precios reflejaban los costos de importación y que los topes perjudicarían a los propios clientes.
Según Marrero, las sanciones a las empresas que no cumplieron con los topes incluyeron medidas como “ventas forzosas de los productos que estaban por encima del precio decretado, el retiro temporal de autorización del funcionamiento del establecimiento y el decomiso de los bienes ofertados”. Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, indicó que las multas varían entre 5,000 (208 dólares) y 18,000 pesos (750 dólares).
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró el viernes en el cierre de sesiones del parlamento que “muchas” de las más de 11,000 mipymes privadas legalizadas en la isla desde 2021 “no respondieron a la confianza del Estado” y aseguró que, en estos casos, prevalecerán “la ley y el orden”.
