La Defensoría del Consumidor continuó su labor en la divulgación del marco normativo aplicable a colegios privados, realizando un taller en Santa Ana.
El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, enfatizó la importancia de proteger los derechos de los usuarios de servicios educativos privados y detalló posibles multas de hasta 200 salarios mínimos en caso de incumplimientos.
Este esfuerzo se enmarca dentro del plan Defensoría Escolar 2024, buscando garantizar que las instituciones educativas privadas cumplan con las leyes de Protección al Consumidor y de Educación.
