El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un crédito de 150 millones de dólares para Ecuador, con el objetivo de apoyar la lucha contra el crimen y la violencia, así como para fortalecer las capacidades de seguridad del país. Esta información fue divulgada el miércoles por la representación del organismo multilateral en Quito.
El préstamo cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio, y una tasa de interés que se basará en las publicaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (SOFR). Además, el BID destinará un monto no reembolsable de 5 millones de dólares, proveniente de su Fondo Especial de Donaciones, para apoyar la prevención de delitos relacionados con grupos del crimen organizado y reducir la impunidad.
Este programa forma parte de las acciones establecidas bajo la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, que fue presentada por el BID y el Ministerio del Interior de Ecuador en agosto pasado. Según el organismo, el Programa de Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en Ecuador (Previc) tiene como meta contribuir al fortalecimiento del modelo de seguridad del país, buscando prevenir la violencia criminal y disminuir la impunidad.
Con este apoyo financiero, Ecuador podrá reforzar sus estrategias de prevención del crimen organizado, atender a poblaciones vulnerables, mejorar la eficacia en la investigación criminal y aumentar sus capacidades en la gestión de seguridad. El BID señala que este respaldo llega en un momento en que el Gobierno ecuatoriano está intentando reactivar la economía y lograr estabilidad fiscal, en medio de desafíos como el aumento de la violencia criminal desde 2018.
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó que esta es una operación innovadora que mejorará la presencia del Estado en áreas críticas, protegerá zonas vulnerables y evitará el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas del crimen organizado. Además, mencionó que el programa en Ecuador es un ejemplo de un enfoque integral y multisectorial que combina prevención social y policial, investigación criminal y gobernanza en seguridad.
El programa incluye varios ejes, siendo uno de ellos la implementación de un “nuevo modelo de servicio policial preventivo” para reducir el reclutamiento juvenil por bandas delictivas. Se propone establecer 12 “Centros Cívicos por la Vida y por la Paz”, que ofrecerán servicios integrados para adolescentes y jóvenes con el fin de prevenir su reclutamiento. Otro eje busca aumentar la eficacia en la investigación y persecución de delitos vinculados al crimen organizado, fortaleciendo instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Policía. Un tercer componente se centra en fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior y de los gobiernos locales para coordinar iniciativas de seguridad ciudadana.
