Miércoles 6 de noviembre de 2024
Representantes del sector público y privado se reunieron ayer en San Salvador para participar en el primer Congreso de Movilidad Eléctrica del país, organizado por la Asociación de Movilidad Eléctrica de El Salvador (Asomoves). Durante el evento, se abordaron diversos temas relacionados con los desafíos y oportunidades en el ámbito de la movilidad verde.
Beatriz Navas, directora ejecutiva de Asomoves, destacó la importancia del evento como un espacio para el intercambio de experiencias y la exploración de oportunidades de inversión y negocios en el campo de la movilidad eléctrica. Se discutió el entorno legislativo del país, así como la oferta y demanda para el desarrollo óptimo de la movilidad sostenible, con la participación de actores de Guatemala, Costa Rica y Colombia.
En este contexto, se destacó la necesidad de aumentar la oferta de vehículos eléctricos y accesorios en El Salvador. Empresas de Costa Rica y Guatemala presentaron sus propuestas durante el congreso, con el objetivo de promover la adopción de tecnologías más limpias y sostenibles en el país.
Por su parte, Daniel Álvarez, director general de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), expresó el apoyo del Gobierno Central a iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y promover la sostenibilidad ambiental. Destacó el compromiso del Gobierno con la introducción de la movilidad eléctrica como parte de una visión de desarrollo integral y responsable.
El congreso también incluyó una exposición de empresas y entidades relacionadas con la movilidad eléctrica, así como una feria de vehículos y equipos eléctricos de dos y tres ruedas, que ofreció oportunidades comerciales y de networking.
El evento contó con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Eléctrica, entidades gubernamentales como la DGEHM y el Ministerio de Medio Ambiente, y organismos cooperantes como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE), el Gobierno de Alemania y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
