La situación de las jubilaciones en Argentina ha entrado en una fase de incertidumbre tras el anuncio del presidente Javier Milei de vetar la nueva ley que regula el aumento de las pensiones. Esta medida fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento, pero Milei, fiel a su compromiso de mantener el superávit fiscal, ha decidido frenar su implementación en aras de alcanzar el ‘déficit cero’.
Este viernes, la Oficina del Presidente comunicó que Milei vetará la ley como parte de su promesa de garantizar la estabilidad fiscal. “El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, se anunció oficialmente.
El Senado había convertido en ley este jueves un proyecto que establece una nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara en junio. Sin embargo, el Ejecutivo considera que esta medida es un “acto de populismo demagógico” y la ha calificado de “irresponsable, ilegal e inconstitucional”, argumentando que establece gastos exorbitantes sin la correspondiente asignación presupuestaria.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó en una rueda de prensa que la ley es un atentado contra el superávit fiscal porque implica un aumento del gasto público. Además, defendió que la única forma de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados es eliminar el déficit fiscal, al cual responsabiliza como la principal causa de la inflación.
Desde que asumió el Gobierno en diciembre pasado, Milei ha implementado un estricto plan de ajuste fiscal que permitió recuperar el equilibrio fiscal. Sin embargo, su administración advierte que la ley aprobada por el Parlamento representaría un gasto adicional del 1,2 % del PIB, lo que obligaría al Estado a contraer nueva deuda.
El Ejecutivo ha calificado el proyecto como una “estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”, y ha confirmado que será vetado. La Constitución argentina permite al presidente vetar total o parcialmente una ley, aunque el Parlamento tiene la facultad de superar este veto si logra una mayoría de dos tercios en ambas cámaras legislativas.
El gasto en jubilaciones ha sido uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei. En marzo pasado, el presidente decidió actualizar las pensiones por decreto en lugar de utilizar la fórmula establecida en 2021. En un contexto de severa crisis económica y una de las tasas de inflación más altas del mundo, el 65 % de los 6,5 millones de jubilados argentinos cobra la jubilación mínima, que en agosto fue de 225.454 pesos (233 dólares al tipo de cambio oficial).
Este ingreso, que representa el 82 % del salario mínimo en Argentina, deja a muchos jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad. La ley aprobada por el Parlamento proponía una fórmula de actualización mensual basada en el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, además de un ajuste extraordinario del 8,1 %.
Tras el anuncio del veto presidencial, el Gobierno informó que las pensiones serán actualizadas por decreto en septiembre con un aumento del 4 %.
