El presidente argentino, Javier Milei, ha impulsado un ambicioso proyecto de reformas económicas y administrativas, cuyas medidas clave han generado un intenso debate en la sociedad y en el ámbito político. Estas reformas, que aún requieren la aprobación del Senado tras haber sido votadas por los diputados, abarcan desde la delegación de poderes hasta la privatización de empresas estatales, incluyendo también incentivos para grandes inversiones, cambios en la legislación laboral y previsional, y ajustes en el régimen fiscal. A continuación, se detallan cinco áreas fundamentales de este proyecto:
- Facultades Delegadas: Conocido como la Ley Bases, el proyecto declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorgando a Milei poderes para legislar en estos ámbitos. Este aspecto ha sido especialmente controvertido, con críticas de la oposición que lo consideran un exceso de poder que podría afectar la autonomía de instituciones como el Conicet o el Incaa.
- Privatizaciones: La propuesta autoriza al presidente a privatizar más de una decena de empresas públicas, incluidas Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos. Aunque inicialmente se planteó la privatización de cerca de 40 empresas, la medida sigue siendo un punto de fuerte debate.
- Grandes Inversiones: El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer capital extranjero ofreciendo beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. A pesar de ser defendido por algunos sectores como crucial para el desarrollo de la minería y la energía, ha sido criticado por favorecer a grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas y medianas empresas locales.
- Reforma Laboral y Previsional: Esta reforma aumenta el periodo de prueba de los nuevos empleados y modifica las condiciones de las indemnizaciones y jubilaciones. Propone también incentivos para la formalización de empleados no registrados y ajusta las condiciones de retiro para quienes no cumplan con los 30 años de aportes requeridos.
- Paquete Fiscal: Entre las medidas fiscales se incluye la reinstauración del impuesto a las ganancias para asalariados con ingresos superiores a 1,8 millones de pesos anuales, revirtiendo una exención aprobada el año anterior.
