La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, expresó este lunes su compromiso con el diálogo entre el gobierno local y los sectores del ocio de la ciudad, buscando una solución consensuada para evitar la judicialización de los conflictos, la cual considera un fracaso. Darias subrayó la importancia de llegar a acuerdos que permitan solucionar los problemas sin necesidad de recurrir a los tribunales.
La declaración se dio en un encuentro informativo de la Cadena Ser, donde Darias fue cuestionada sobre la suspensión judicial de la resolución del Ayuntamiento que limitaba el horario de las terrazas en varias calles del barrio de Guanarteme. Esta resolución fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Las Palmas, tras un recurso presentado por algunos establecimientos comerciales afectados, argumentando que no se les dio la oportunidad de formular alegaciones antes de la implementación de las medidas.
Darias aseguró que los servicios jurídicos del Consistorio y el área de Urbanismo analizarán el fallo judicial para determinar los próximos pasos a seguir en el ámbito judicial. Sin embargo, destacó que el objetivo es resolver estos asuntos fuera de los tribunales. “El diálogo debe imponerse porque la judicialización es el fracaso”, afirmó, mencionando la creación de una mesa del ocio para reunir a las partes involucradas y buscar soluciones que beneficien a todos.
La suspensión judicial se debió a que la resolución del Ayuntamiento, dictada en diciembre de 2022, no fue sometida a información pública ni permitió que los afectados presentaran sus alegaciones. La medida impuso un horario limitado de funcionamiento para las terrazas de las calles Joaquín Costa y Fernando Guanarteme, reduciendo su horario hasta las 22:00 horas diariamente, una reducción significativa comparada con los horarios anteriores, que permitían operar hasta la medianoche o incluso hasta la 01:00 horas los fines de semana.
Los demandantes argumentaron que el Ayuntamiento no les notificó adecuadamente sobre la implementación de estas restricciones ni les ofreció la oportunidad de participar en el proceso de elaboración del mapa de ruidos, que sirvió como base para la decisión de limitar los horarios. La jueza encargada del caso respaldó las quejas de los afectados y declaró la nulidad de la resolución, ordenando que se retrotraigan las actuaciones para garantizar la participación de los demandantes en el proceso.
Este fallo judicial pone en evidencia la necesidad de un diálogo abierto y transparente entre las autoridades municipales y los sectores económicos afectados para evitar futuros conflictos.
